¿Hay gente con un país propio?
Existen territorios proclamados como independientes por algunas personas, pero no gozan de reconocimiento oficial por parte de otros gobiernos o de Naciones Unidas. Como sus límites son tan estrechos y sus intenciones no son beligerantes, las autoridades han optado por ignorarlos -mientras no violen la ley vigente en los países donde que se encuentran-. Considerados simplemente como excéntricos modernos, quienes se adjudican el título de gobernantes de aquellos países o micronaciones -muchas veces otorgándose títulos nobiliarios- se adhieren a una definición establecida en la Convención de Montevideo de 1933 sobre los derechos y obligaciones de los Estados, la cual menciona cuatro elementos básicos para que un territorio sea considerado como nación: población permanente, territorio definido, gobierno y capacidad de entablar relaciones con otros Estados. De esta manera muchos de estos 'países' tienen sus propias banderas, escudos de armas, moneda, etc. Hay varios ejemplos, como la Provincia del Río Hütt, cuyo autodenominado 'príncipe', Leonard Hütt, declaró que su granja en la parte norte de Australia sería un país (cuya población actual es de dos personas) y decretó su separación automática del Estado australiano -las autoridades decidieron no tomarlo en serio, mientras siga pagando sus impuestos-. Otra micronación es la República de Molossia, en Nevada, Estados Unidos, cuyo autoproclamado presidente, su Excelencia Kevin Baugh, compró trescientos metros cuadrados de tierra, donde él es el gobernante absoluto e incluso emite su propia moneda. Otro caso es el de la República de Sealand: desde 1967 el inglés Paddy Roy Bates ocupó un puesto de observación marítimo de la Segunda Guerra Mundial abandonado en el Canal de la Mancha, de apenas 550 metros cuadrados de superficie, y lo declaró como un país a toda regla, donde ha llegado a emitir, con el consentimiento del gobierno de Inglaterra, sus propios pasaportes y piensa convertirlo en un 'refugio' informático, donde la gente pueda almacenar sus bases de datos sin que otros gobiernos puedan tener acceso a ellas.